Las cosechas se pudren, las familias abandonan el lugar, dicen los que critican las leyes de inmigración de Alabama
Por Patricia Zapor Washington
Los dueños de campos de agricultura informan que las personas que recogen la fruta y verduras de sus campos se han ido; lo que causa que las cosechas se pudran en los campos. Además, muchos directores de escuela dicen que muchos alumnos de sus escuelas se han dado de baja, e incluso residentes legales de los EE.UU. abandonan Alabama, después de que activaron en el mes de septiembre una cruel ley de inmigración.
La juez federal de distrito Sharon Lovelace Blackburn, el 28 de septiembre levantó el estado temporal de la ley, permitiendo que la mayoría de sus ordenanzas entraran en vigor. Entre ellas, hay una ordenanza por medio de la cual se les requiere a las escuelas p˙blicas que le informen al estado y a la federación acerca de los alumnos que no pueden presentar prueba de residencia legal en los Estados Unidos; y en otra ordenanza, se le señala a la policía el deber de revisar los documentos de cualquier persona que se crea no sea residente legal.
En pocos días, los representantes de diversas escuelas informaron que muchos alumnos habían dejado de asistir a clases. Los dueños de campos de agricultura dijeron que inmediatamente habían perdido a muchos de sus trabajadores que ya esperaban en fila para empezar a recoger las cosechas, incluso muchos de los que son ciudadanos o tienen permiso para trabajar aquí en los EE.UU.
Mary Bauer, directora legal del Southern Poverty Law Center, emplazó una línea de teléfono para responder cuestiones o dudas que el p˙blico tuviera con respecto a las leyes, y dijo que se habían recibido cerca de 2,000 llamadas en menos de una semana.
En una teleconferencia del día 6 de octubre, Bauer dijo que la situación se tornaba rápidamente en crisis aguda.
“Muchas de las llamadas son profundamente desesperadas y presentan una pintura sombría de las consecuencias de esta ley malamente concebida: muchas personas sobrecogidas de miedo; esposos que no pueden llevar a su esposa respectiva al hospital para el alumbramiento; personas enfermas que se reh˙san a ir al hospital a recibir cuidado de emergencia; miles de niños aterrorizados que están sin escuela y los que sí asisten se ven víctimas de trato discriminatorio y hostil”.
Bauer dijo que en una información se decía en una escuela se había sacado de clase a los alumnos hispanos y se les había preguntado a cada uno si habían nacido en los Estados Unidos. En algunos lugares, a las personas que no pueden enseñar evidencia de residencia legal se les niega el servicio de agua en su casa; lo que significa que no tienen agua en la llave para servicio ni para beber, dijo.
“La vida, como la entendemos, ha terminado en Alabama, tanto para inmigrantes como para ciudadanos por parejo”, dijo, haciendo notar que en un hogar en el que uno de los padres, padre o madre, carezca de estado legal de inmigración se puede hallar uno de los esposos e hijos que nacieron en los Estados Unidos o que tienen estado de inmigración legal.
En la misma teleconferencia, el padre Jack Kane, pastor de la iglesia católica de Santa María en Opelika, y director de ministerio hispano de la arquidiócesis de Mobile, dijo saber de muchas escuelas que han perdido alumnos, sea porque los padres retienen a sus hijos respectivos en casa por temor de que se les moleste o las familias ya han abandonado el estado.
En una ordenanza de la Suprema Corte, del año 1982, se afirma que los niños tienen derecho a educación de escuela p˙blica sin contar con su estado migratorio. Los que apoyan la ley de Alabama conocida como la H.B. 56, dicen que a las escuelas se les requiere informar solamente del n˙mero de alumnos que no tienen estancia legal, pero que no se les pide el nombre específico.
El obispo Jaime Soto de Sacramento, Calif., presidente del Comité de Diversidad Cultural en la Iglesia de los obispos de los Estados Unidos, dijo en la misma teleconferencia que las leyes de Alabama (de inmigración) son un mal ejemplo de las medidas que los estados pueden poner en vigor “que en muchos casos se pensaron malamente y se aplican también de mala manera” debido a que no existe una política de acción efectiva a nivel nacional.
Los obispos de Alabama dijeron en una declaración del 28 de septiembre que les placía que en parte de la determinación tomada por Blackburn se excluía una medida por la que se consideraba ilegal “esconder, dar transporte, ocultar o estimular a inmigrantes ilegales a quedarse en Alabama.” Y dijeron que la aplicación de tal medida habría convertido en acciones criminales muchos de los ministerios de la iglesia.
Bauer dijo que las familias hispanas andaban afanadas haciendo planes para ver quién se podía encargar de los hijos respectivos en caso de que los padres fueran arrestados. Otras familias simplemente abandonan el lugar, que es lo que deseaban los que impusieron esta ley.
“Y dijeron que deseaban hacer que la vida en Alabama fuera imposible sin estado legal”, dijo Bauer. “Alguien dijo que estaba preparado a hacer todo, casi hasta matarlos a tiros”.
El padre Kane dijo que la situación va a forzar a algunas familias a que “vivan como nómadas”, cambiando de un estado al otro debido a que este país no tiene unas leyes sistemáticas de inmigración coherente.
La agencia de noticias The Associated Press informó de algunos casos en los que dueños de fincas andaban desesperados buscando trabajadores de reemplazo, como Lana Boatwright, que le dijo a AP que solamente ocho de los 48 trabajadores que se necesitaban se habían presentado a trabajar, después de que la ley entró en vigor. Y los que se habían presentado estaban tan atemorizados de ser apresados en p˙blico que ella se veía obligada a llevarlos a la tienda para que hicieran sus compras de comida solamente de noche.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto en entredicho la ley de Alabama, como también varias organizaciones de derechos civiles.
